En México, de cada 100 delitos que se cometen, sólo 6 son denunciados y de cada 100 actos ilícitos que se denuncian, sólo 14 tienen el debido seguimiento legal. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en el país es tan solo de 0.9%, según cifras de la organización civil Impunidad Cero.
Lo anterior, demuestra que no hay levantamiento de denuncias y, al no haber denuncia, no existe posibilidad de abrir una carpeta de investigación con la recopilación de todos los hechos, y mucho menos una persecución del delito, dando lugar a la impunidad.
En este sentido, Sergio González, director general de ALTO México, señala que “el seguimiento oportuno y legal a las carpetas de investigación son de vital importancia, ya que es la principal herramienta para que el delincuente reciba su castigo y que sirva de ejemplo para quienes delinquen y lo piensen dos veces antes de reincidir”.
Como muestra de que la denuncia es el inicio de un proceso legal que sí da resultados, el director general de ALTO México relata la participación de la empresa en el desmantelamiento de una banda de farderos que operaba en la Ciudad de México y el Estado de México.
Caso de éxito: el poder de la denuncia
Durante tres años, el equipo de ALTO realizó denuncias, integró carpetas de investigación y participó en más de 100 audiencias para desarticular a una banda de farderos integrada entre 8 y 10 personas que operaba en la Ciudad de México y el Estado de México.
Entre 2018 y 2020, esta banda llevó a cabo 21 robos con violencia en establecimientos, causando pérdidas por más de 11.7 millones de pesos. De estos delitos, nueve afectaron a sucursales incorporadas a la Red ALTO y las 12 denuncias restantes sirvieron para reforzar la investigación.
En 2020, tras un ilícito, fueron detenidos tres integrantes de la banda, entre ellos el líder, hecho que permitió complementar las carpetas de investigación, logrando la liberación de cinco órdenes de aprehensión para el líder de la banda y una orden adicional para los otros dos detenidos.
En 2023, se dictaron tres sentencias condenatorias contra la cabeza del grupo delictivo, acumulando más de 37 años de prisión y el pago de una multa de más de 1.8 millones de pesos como reparación del daño. En tanto, los procesos en contra del resto de los integrantes siguen en curso.
