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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asumió este viernes su tercer mandato consecutivo en una ceremonia que, a pesar de estar rodeada de acusaciones de fraude y aislamiento internacional, contó con el respaldo de los militares y el resto de los poderes del Estado bajo su control. El acto tuvo lugar en la sede del Parlamento, controlada por el chavismo, aunque fue precedido por una jornada de movilización de seguidores, en la que Maduro instó a sus partidarios a salir «por millones» a las calles para su juramentación.
En la ciudad de Caracas, grandes vallas publicitarias con el rostro de Maduro proclamaban el lema «El 10 yo juro con Maduro por el futuro». Mientras tanto, el mandatario reafirmó su compromiso con la nación al prometer que este nuevo período presidencial sería «el período de la paz». Tras su juramentación ante el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, Maduro fue oficialmente investido como presidente constitucional.
Tensiones internacionales y sanciones
El nuevo mandato de Maduro ha sido duramente criticado en el ámbito internacional. Estados Unidos y Reino Unido han impuesto nuevas sanciones a altos funcionarios del gobierno venezolano. El Reino Unido sancionó a 15 cargos del gobierno, calificando el proceso electoral como «fraudulento», mientras que el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra ocho altos funcionarios, incluidos el presidente de la petrolera PDVSA, el ministro de Transporte y el jefe de la aerolínea estatal Conviasa.
Además, Washington ha elevado la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y otros miembros de su círculo cercano, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, a 25 millones de dólares. También se ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Movilización interna y cierre de fronteras
La investidura de Maduro se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. Las calles de Caracas fueron bloqueadas, y se desplegaron fuerzas policiales y militares fuertemente armadas en todos los puntos neurálgicos de la ciudad. Los comercios abrieron sus puertas, pero la actividad era escasa debido a la alta presencia de efectivos de seguridad.
A nivel internacional, el gobierno venezolano también cerró su frontera terrestre y espacio aéreo con Colombia hasta el lunes, tras acusaciones de una supuesta «conspiración internacional» en su contra. El gobierno de Maduro frecuentemente señala a Estados Unidos y Colombia como los responsables de los planes para derrocarlo.
Oposición y represión
La investidura se produjo un día después de una marcha opositora encabezada por la dirigente María Corina Machado, quien denunció haber sido brevemente arrestada por la policía. Sin embargo, el gobierno negó el arresto, calificándolo como un «invento». El equipo de Machado, por su parte, informó que la dirigente fue «retenida por la fuerza» y liberada horas después. La Fiscalía venezolana calificó el incidente como parte de una «operación psicológica» orquestada por la oposición.
Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, gritó a sus seguidores «¡No tenemos miedo!» durante la protesta. El incidente provocó un amplio rechazo internacional y aumentó la tensión en el país. El gobierno también advirtió a los opositores que intenten ingresar al país sin autorización, señalando que los trataría como «invasores».
El futuro incierto
En cuanto a la figura de Edmundo González Urrutia, un opositor que busca asumir la presidencia, su futuro político parece cada vez más incierto. González Urrutia, quien estuvo en la Casa Blanca esta semana y fue reconocido por Washington como «presidente electo», se encuentra en República Dominicana, desde donde planificaba regresar a Caracas para jurar el cargo, aunque las autoridades venezolanas advirtieron que no permitirían su entrada al país.
Con el entorno político venezolano sumido en una crisis profunda, la comunidad internacional y la oposición interna continúan cuestionando la legitimidad del gobierno de Maduro y su tercer mandato, mientras el mandatario se afianza con el apoyo de las Fuerzas Armadas y los demás poderes del Estado.
