Diariosinsecretos.com
El presidente municipal de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, enfrenta fuertes acusaciones tras ordenar un operativo que degeneró en agresiones y disparos contra autoridades de Cuautitlán.
Durante un operativo realizado el 1 de agosto para clausurar una obra en un predio disputado por ambos municipios, funcionarios de Teoloyucan liderados por el edil intervinieron con violencia. Empleados del ayuntamiento, presuntamente incitados por el alcalde, agredieron física y verbalmente al personal del Gobierno de Cuautitlán y, en un acto extremo, se efectuaron disparos de arma de fuego, según denuncias hechas por la autoridad rival.
Zenteno habría ordenado también la detención arbitraria del subdirector de Seguridad Pública de Cuautitlán, quien lideraba el operativo de clausura. La presidenta municipal Juanita Carrillo y otros funcionarios estuvieron en riesgo directo. Como resultado, al menos dos policías resultaron con fracturas en pies y manos.
Desde el gobierno de Cuautitlán se emitieron comunicados para condenar enérgicamente los hechos, calificándolos como una intromisión ilegal a su jurisdicción. Se anunciaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos local y el Congreso estatal. También solicitaron la intervención del gobierno estatal para garantizar respeto a la soberanía municipal.
En contraste, el alcalde Zenteno Santaella descargó responsabilidad sobre los policías de Cuautitlán, afirmando que fueron ellos quienes primero dispararon. Agregó que su administración carece de armamento suficiente para responder con fuego y defendió que su intervención se debía a un conflicto territorial vigente y a la presencia de un grupo armado externo que habría intimidado a sus habitantes.
Diversos medios califican la actuación del edil como un ejemplo de violencia política institucional. Señalan que estos eventos forman parte de un patrón reiterado de tensiones: el alcalde de Teoloyucan ha sido acusado previamente de incitar agresiones y de vulnerar derechos de regidoras y trabajadores, incluso por violencia política de género y acoso dentro de su gobierno municipal.
El incidente pone sobre la mesa la urgente necesidad de resolver límites territoriales mediante mecanismos legales y no con confrontaciones violentas. Autoridades estatales ya han llamado a ambas partes a actuar con prudencia y a privilegiar el diálogo institucional sobre la confrontación pública.
