Tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder de La Barredora, crecieron los señalamientos que vinculaban al senador Adán Augusto López Hernández con actividades delictivas y “huachicol fiscal”, a través de su relación con empresarios y su antiguo secretario.
En entrevista con medios, López Hernández negó que tenga vínculos con La Barredora. Afirmó que nunca recibió reportes ni notificaciones oficiales que lo involucraran en los delitos que se le imputan a Bermúdez, ni cuando fue gobernador de Tabasco, ni como funcionario federal.
También descartó que su amistad con Saúl Vera Ochoa —empresario vinculado al muelle fiscal 289 de Tampico, lugar señalado en investigaciones sobre huachicol fiscal— se traduzca en responsabilidad directa.
López dijo que acudiría a declarar si lo citan, “con fuero o sin fuero”, y aseguró que quien tenga responsabilidades tendrá que responder ante la ley.
El deslinde apunta a mitigar el impacto público y político de estas acusaciones. También pone en evidencia cuánto pesan los rumores y las investigaciones periodísticas sobre la reputación de figuras públicas. La pregunta que queda en el aire: ¿qué tan sólidas son las evidencias que se difunden, y si llegarán a juicio en serio?
