Por Angélica García Muñoz
La comparecencia de Josefina Morales Guerrero (SOAPAP) y Jordi Bosch Bragado ante la Comisión de Hacienda del Congreso dejó en evidencia un desastre: irregularidades por más de 300 millones de pesos (2022–2024) que la empresa no ha acreditado como inversión en infraestructura, incumplimientos en el plan de inversión que podrían llegar a los mil millones de pesos, y un SOAPAP que arrastra una deuda superior a los 2,040 millones de pesos. Todo mientras la concesionaria cobra religiosamente y el servicio sigue siendo deficiente.
Los poblanos pagan facturas elevadas, pero padecen tandeos, pipas caras, inundaciones por drenaje colapsado y vialidades destruidas. La empresa rompe calles recién rehabilitadas —como la 24 Sur— sin coordinación, obliga al gobierno a demandarlos penalmente y a exigir el pago de daños. ¿Mantenimiento preventivo? Casi inexistente. Solo cumplió 9 de 31 indicadores de desempeño, por lo que enfrentaría sanciones de hasta 2 millones de pesos.
En el Congreso se cuestionó con razón sobre revocación, inversión faltante, daños por inundaciones y falta de agua diaria. Las respuestas fueron las habituales: promesas para 2026 (247 mdp anunciados) y planes futuros.
Pero aquí está el nudo del problema: aunque Armenta reconoce los incumplimientos graves, revocar la concesión de 30 años costaría al erario una fortuna millonaria. Las estimaciones rondan entre 7,000 y hasta 10,000 millones de pesos en indemnización, según diversas referencias y el propio diseño “blindado” del contrato heredado de administraciones anteriores. Eso explica por qué, pese a las denuncias y exigencias, la empresa sigue operando. Es un candado perverso que protege a la concesionaria y perjudica al Estado y a los ciudadanos.
Esta concesión cobra como privada pero opera con ineficiencia pública: pozos insuficientes, plantas de tratamiento deficientes y redes obsoletas. Se convirtió en un lastre que genera ganancias para unos cuantos mientras los poblanos y el erario pagan las consecuencias.
Señores legisladores y autoridades: los cuestionamientos fueron necesarios, pero se quedaron cortos. Hace falta mano dura, auditorías externas independientes, sanciones efectivas que realmente duelan y presión máxima para que la empresa cumpla o asuma las consecuencias sin que el pueblo termine pagando indemnizaciones millonarias.
El agua es un derecho humano, no un negocio fallido protegido por candados legales. Las palabras fuertes del gobernador deben traducirse en acciones concretas: fiscalización rigurosa, cobro de daños y exigencia de resultados. Ya basta de promesas incumplidas, calles rotas y excusas.
Los poblanos estamos hartos. Queremos agua potable confiable, drenaje que funcione y cuentas claras. Sin más dilaciones.