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Ciudad de México, 17 de julio de 2025.
En la capital del país hay edificios que se levantaron con planos falsos, permisos irregulares y pisos que nunca debieron existir. La corrupción inmobiliaria, lejos de ser un capítulo cerrado, vuelve a escalar políticamente. Esta vez, el epicentro está en la Cámara de Diputados, donde el vocero de Morena, Arturo Ávila, anunció la presentación de un punto de acuerdo para investigar al actual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.
La acusación no es nueva, pero sí más directa. Según Ávila, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha vinculado a Romero con movimientos financieros sospechosos por al menos 350 millones de pesos, supuestamente triangulados hacia cuentas de sus familiares. Aunque aún no enfrenta una imputación formal, el legislador morenista fue claro: “Nadie puede salirse con la suya”, subrayó, cuestionando la utilidad del fuero como escudo de impunidad.
Un esquema de corrupción institucionalizada
El llamado “cártel inmobiliario” no es solo una figura retórica. Hasta ahora, hay 13 personas procesadas, la mayoría exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez —territorio bajo gobierno panista durante años—, de las cuales cuatro ya han sido condenadas. Entre los casos más notorios se encuentran Cristian Bondruerich e Inicia Sardigis, este último sentenciado por autorizar construcciones ilegales a cambio de prebendas.
Las cifras reflejan la magnitud del problema: al menos 83 inmuebles irregulares detectados, más de 260 pisos construidos de manera ilegal y ganancias ilícitas que podrían superar los 7 mil millones de pesos. Más allá del escándalo político, los efectos han sido trágicos: el terremoto de 2017 reveló las consecuencias humanas de esta avaricia vertical. Uno de los casos más dolorosos fue el colapso del edificio en Emiliano Zapata 56, donde murieron dos personas.
Documentos que se van por el drenaje
En un giro que parece sacado de una novela kafkiana, una inundación con aguas negras en septiembre de 2020 destruyó archivos clave del Sistema de Aguas de la CDMX, justo del periodo en que Romero era delegado en Benito Juárez. Contratos, licencias y expedientes completos desaparecieron bajo una tormenta “casualmente perfecta”. La sospecha, lejos de disiparse, se intensificó.
Según la revista Contralínea, hasta mayo de 2024 se habían identificado 133 construcciones irregulares en 36 colonias de Benito Juárez. La situación ha dejado a cientos de familias en un limbo legal, sin certeza sobre la propiedad de sus viviendas.
La ofensiva política
La propuesta de Arturo Ávila para abrir una comisión especial en la Cámara de Diputados apunta a escalar la investigación a nivel federal. Hasta ahora, las pesquisas han sido locales, obstaculizadas por resistencias políticas y el peso del fuero. Pero investigar a un dirigente nacional de un partido con aspiraciones presidenciales en 2030 no es una jugada menor.
El tablero político se mueve, y con él, la presión pública. La ciudadanía, cansada de banquetas fracturadas y edificios en riesgo, exige algo más que discursos. Exige justicia.
«Aquí no solo se construyeron pisos ilegales. Se construyó una red de poder cimentada en la impunidad», dijo un activista vecinal de Benito Juárez que pidió anonimato. Mientras tanto, los escombros del pasado siguen recordando que la corrupción, cuando se eleva sin límites, tarde o temprano termina cayendo.
