Foto Especial
Sin Secretos / Angélica García Muñoz
Hay una frase que define a la etapa de corrupción que caracterizó a gobernantes poblanos en el pasado reciente.
Y de manera clara y sin tapujos, el actual gobernador Alejandro Armenta, lo definió como “cinismo descarado”.
Saquearon a Puebla y dejaron endeudado al gobierno y por ende a la sociedad. Imperó la prepotencia y la persecución. Fueron inmorales.
No faltan políticos que se sienten ofendidos. Mantienen una guerra de lodo en redes sociales contra el actual gobierno, ocultándose en el anonimato.
Esos mismos se atreven a defender la época oscurantista que caracterizó a los gobiernos del PRI y del PAN refundidos en el Morenovallismo, pero los poblanos no olvidan. Fueron muchas las injusticias cometidas.
Dos ejemplos de la época faraónica que representó el Morenovallismo: (1) El Centro Integral de Servicios ); y (2 ) el Museo Barroco.
El primero, tuvo un costo de construcción inicial de aproximadamente mil 372 millones de pesos, pero su costo total comprometido a 25 años, incluyendo operación, mantenimiento e intereses, asciende 5 mil ,270 millones de pesos, pagaderos en un esquema de Asociación Público-Privada (APP) a 25 años.
Actualmente, el gobierno estatal busca renegociar esta deuda, que representa un costo total que podría alcanzar los 7 mil millones de pesos, considerando pagos restantes hasta 2037. La deuda pendiente hasta mediados de 2025, es de 4 mil, 300 millones de pesos por pagar hasta 2037.
El otro caso, 2) es el Museo Internacional Barroco, contrato de Asociación Público-Privada (APP) que implicó un costo inicial de mil 742 millones de pesos a partir del 2016, a pagar durante 23 años.
El gobierno actual renegoció este contrato, pagando una liquidación de 2 mil millones de pesos para terminar la deuda de manera anticipada en 2025, mucho antes de la fecha original de 2039, lo que implicó un ahorro para el estado de 8 mil millones de pesos.
El gobierno logró terminar el leonino contrato y adquirió la propiedad plena del inmueble. La obra fue financiada mediante una APP y contó con aportaciones del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura ).
Mucho ruido a causado entre empresarios y políticos las denuncias emprendidas por el gobierno ante la Fiscalía General del Estado contra empresas que podrían haber sido beneficiadas por exfuncionarios y políticos, e incurrir en actos fuera de la ley – por presunto lavado de dinero- según un informe de la Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, reveló el Coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.
Una vez que se judicialicen los casos, será la Fiscalía General del Estado la encargada de informar lo que conforme a la ley corresponda.
Mucha lodo arrastran los gobiernos que antecedieron al actual gobierno. Lo importante es que el mandatario Alejandro Armenta, se muestra decidido a seguir en su lucha contra la corrupción.