¿Puede un giro hacia el libre mercado rescatar a un país con desabastecimiento crónico y apagones sistémicos? La psicología económica demuestra que los incentivos directos modifican la conducta productiva de forma inmediata, una premisa que el gobierno cubano busca activar con un drástico viraje en sus políticas de planificación centralizada.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó el pasado 18 de junio de 2026 un histórico paquete de 176 directrices económicas. El programa, impulsado por el gobierno que preside Miguel Díaz-Canel, introduce reformas de corte de mercado similares a las implementadas por China a finales de la década de 1970 y por Vietnam a mediados de los años 1980.
El núcleo del plan radica en la descentralización del control estatal: se elimina el límite de 100 trabajadores para las empresas privadas, se autoriza a los empresarios a operar múltiples compañías y se permite a los agricultores producir, comercializar y fijar precios con mayor autonomía. Asimismo, se flexibilizan las normativas para la inversión extranjera, la obtención de financiamiento y la importación directa de insumos por parte del sector privado, otorgando además un rol activo a la comunidad de emigrados.
La implementación de estas medidas generales definirá si la isla logra revertir el desplome de su producción nacional y la falta de divisas, en un entorno condicionado por la presión económica de la administración estadounidense de Donald Trump. La efectividad real de las reformas dependerá de la publicación de normativas específicas y de los plazos concretos que fije el Ejecutivo para su aplicación sostenida.
