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CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación federal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entró en una nueva fase luego de que diversos actores políticos y exfuncionarios comenzaron a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”.
En los últimos días, la FGR citó a declarar no solo a Rocha Moya, sino también al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, así como a exmandos policiacos y funcionarios estatales mencionados en las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses ante una corte de Nueva York.
De acuerdo con las investigaciones difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalados habrían colaborado con operadores del narcotráfico a cambio de apoyo político y protección institucional. Aunque en México todavía no existen imputaciones formales, la FGR confirmó que las comparecencias buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en las indagatorias.
La reaparición pública de Rocha Moya ocurrió después de semanas de ausencia y versiones encontradas sobre su paradero. El mandatario con licencia acudió a rendir entrevista ante autoridades ministeriales mientras enfrenta una fuerte presión política y mediática derivada de las acusaciones internacionales.
El caso también ha comenzado a impactar en el escenario nacional. Una encuesta reciente reveló que 62 por ciento de los mexicanos considera creíbles las acusaciones contra Rocha Moya, mientras que una mayoría se pronunció a favor de que sea investigado tanto en México como en Estados Unidos.
En paralelo, el escándalo ha generado tensiones dentro de Morena y el Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado que existan pruebas contundentes antes de emitir juicios definitivos, aunque el tema ya provocó desgaste político y una caída en los niveles de aprobación presidencial, según sondeos recientes.
Mientras avanzan las diligencias, el Congreso de Sinaloa también enfrenta críticas por discutir reformas que organizaciones civiles consideran un intento de blindar información pública relacionada con el gobierno estatal y las investigaciones en curso.
La crisis política en Sinaloa se mantiene abierta y con nuevas interrogantes sobre el alcance de las investigaciones, la posible cooperación internacional y el futuro político de varios actores cercanos al círculo de Rocha Moya.
