El reconocimiento de la identidad colectiva y la autonomía legal de las comunidades originarias entra en una fase decisiva en México, activando un mecanismo de participación directa que busca saldar una deuda histórica de más de dos siglos.
El 29 de junio de 2026, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, presentaron en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la firma de la convocatoria para la consulta de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Este proceso consta de cinco etapas que abarcarán la consulta a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16,728 comunidades de todo el país a través de 82 asambleas regionales programadas del 7 de agosto al 13 de septiembre. El núcleo técnico de la iniciativa busca otorgarles personalidad jurídica y patrimonio propio como sujetos de derecho público, permitiendo la deliberación interna bajo sus sistemas normativos tradicionales para adecuar el proyecto antes de su envío al Poder Legislativo.
La consulta nacional finalizará con la integración de las propuestas recabadas para remitir formalmente la iniciativa final al Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre, en el marco del Día de la Resistencia Indígena, con el fin de consolidar constitucionalmente una nación pluricultural.
