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Por: Angy Bravo
La sentencia dictada este 31 de diciembre de 2025 contra Javier López Zavala, exsecretario de Gobierno de Puebla y excandidato a la gubernatura, marca un momento definitorio en la lucha contra la violencia feminicida y la impunidad en nuestro país. Un **Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla impuso la pena máxima de 60 años de prisión al exfuncionario por ser **autor intelectual del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, ocurrido en mayo de 2022 en San Pedro Cholula. La misma pena también fue dictada contra sus cómplices, Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez, considerados autores materiales del crimen.
Este fallo no solo cierra un capítulo de dolor para la familia de Cecilia y sus seres queridos, sino que representa un fuerte mensaje institucional: en México, al fin, nadie está por encima de la ley. El proceso judicial, que se prolongó por más de tres años entre diligencias, audiencias y recursos, culminó con una resolución que aplica la sanción más severa prevista por el Código Penal del estado de Puebla, con penas que reflejan la gravedad del crimen y su motivación de género.
La justicia no llegó de inmediato. Fue producto del trabajo coordinado de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial —en particular del Tribunal de Enjuiciamiento con perspectiva de género— y de los esfuerzos constantes de organizaciones civiles y colectivos que exigieron que este caso no quedara en la impunidad. La resolución también contempla multas económicas y medidas de reparación del daño, lo cual amplía el alcance de las consecuencias legales para los responsables.
Es vital subrayar que este veredicto no solo sanciona a los culpables, sino que envía un mensaje claro a la sociedad mexicana: el Estado está comprometido con proteger a las mujeres y defender el derecho a vivir libres de violencia. El caso de Cecilia Monzón conmovió a resonancia nacional, convirtiéndose en símbolo de la lucha contra los feminicidios y la cultura de impunidad que tanto daño ha causado en múltiples comunidades.
La administración pública y el sistema de justicia han demostrado que, pese a las dificultades inherentes a los procesos largos y complejos, es posible alcanzar resultados visibles que reviertan la percepción de desprotección y abandono. Este fallo refrenda la confianza de la sociedad en sus instituciones y fortalece la legitimidad del Estado mexicano para actuar con firmeza en defensa de la ley y los derechos humanos.
Mientras seguimos construyendo caminos más seguros y equitativos para todos, esta sentencia histórica será recordada como un hito de justicia y una prueba de que, cuando las autoridades y la sociedad trabajan de manera conjunta, la impunidad pierde terreno y la justicia finalmente se cumple.
