Sin Secretos / Angélica García Muñoz
Alejandro Armenta Mier, llegó a gobernar Puebla con la premisa clara de terminar con la complicidad de servidores públicos con el crimen organizado. No es un discurso nuevo, en su administración parece haberse encontrado un eco que resuena más allá de las palabras.
La reciente detención de seis directores de seguridad pública municipal no es un hecho aislado así como de otras acciones en contra de malos policías, no es la manifestación de una estrategia que busca responder a las críticas de grupos opositores, ni tampoco a los señalamientos recientes hechos por autoridades del gobierno de Estados Unidos en contra de lo que llama «nexos del gobierno mexicano con grupos de narcotraficantes».
Por lo que toca a Puéblal ¿qué pasó en la Sierra Norte y la Mixteca poblana? que hizo que los jefes policiacos de Tlaola, Jopala, Tlapacoya, Chila de la Sal, Tehuitzingo y Chietla, fueran arrestados por presuntamente facilitar el tránsito de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas?
En la Sierra Norte, el operativo implementado dejó al descubierto un narcolaboratorio valuado en más de 2 mil 367 millones de pesos.
El mensaje del secretario estatal de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, fue tajante: «En Puebla no hay espacio para la complicidad ni la omisión». Y el gobernador Armenta lo refrendó: «sea quien sea, habrá cero impunidad».
La estrategia no se limita a golpes mediáticos. Hay una apuesta por la coordinación interinstitucional que ha permitido reducir delitos de alto impacto: el feminicidio bajó 66.7%, el secuestro 61.5%, la extorsión 30.5% y el homicidio doloso 21.5% en el primer semestre de 2026. Cifras que, aunque alentadoras, no deben ocultar los 339 homicidios registrados en lo que va del año, ni las críticas de organizaciones civiles que se pronuncian por mayor seguridad.
El gobierno poblano ha entendido que la seguridad no es una tarea exclusiva del Estado, y siguiendo una linea federal en materia de seguridad, ha buscado sumar esfuerzos con la sociedad. La colaboración de instituciones publicas y privadas ha permitido reforzar la vigilancia El gobierno y sector empresarial han impulsado las alarmas vecinales. Esta alianza con la sociedad civil es un acierto que otros estados deberían replicar.
Pero el desafío es mayúsculo. La depuración de mandos policiales es apenas el primer paso. La pregunta que queda en el aire es si estas acciones serán suficientes para desmantelar las estructuras criminales que han encontrado en Puebla un territorio fértil, o si la estrategia se quedará en gestos que no logran transformar la realidad.
Hay voces que cuestionan todo, otras que se solidarizan y reconocen avances. Lo cierto es que en Puebla si hay estrategia y la estadística de delitos a la baja está a la vista.
A final de cuentas el ciudadano lo que busca es vivir en un ambiente de tranquilidad. La obligación del gobierno es no bajar la guardia contra la delincuencia, y los ciudadanos fortalecer la cultura de la denuncia.
