● Mientras su proceso penal continúa, la SEDENA lo investiga por manejo irregular de armas de fuego y la empresa NSU Protección, podría perder su licencia de armas
Diario Sin Secretos
Hermosillo, Sonora.- Mario Abeyta Meléndrez, vinculado a NSU Protección y AB Alimentos Nutrifuncionales, continuará su proceso penal por violencia familiar en libertad provisional, luego de que un juez federal le concediera una suspensión provisional respecto a su libertad dentro de un juicio de amparo.
La medida fue otorgada este mes después de que el pasado 4 de febrero de 2026 un juez local negara la solicitud de su defensa para retirar la prisión preventiva justificada, al considerar que persistían riesgos procesales.
Tras esa determinación, la defensa promovió un amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, alegando deficiencias en la valoración de pruebas.
El juez federal concedió la suspensión provisional, lo que permitió que Abeyta Meléndrez abandonara el centro de reclusión mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo. No obstante, el proceso penal dentro de la causa 3190/2025 sigue su curso y no existe sentencia definitiva.
El caso se originó el 5 de junio de 2025, cuando autoridades ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de violencia familiar, luego de que un juez de control admitiera la imputación y dictara prisión preventiva justificada como medida cautelar.
Mario Abeyta Meléndrez, en la mira de la SEDENA
En paralelo al proceso penal, la Secretaría de la Defensa Nacional inició un procedimiento administrativo para suspender o revocar la licencia colectiva de uso de armas de fuego otorgada a la empresa NSU Protección, señalada en reportes públicos como propiedad de Mario Abeyta Ruiz y su hijo, Mario Abeyta Meléndrez.
De acuerdo con reportes públicos, la investigación de la SEDENA estaría relacionada con presuntas irregularidades administrativas, como el inventario de armas de fuego no reportadas, cuestionamientos a la legalidad de operaciones de la empresa de seguridad, además, de ser señalado como “prestanombres” y operador de estructuras empresariales que podrían haber funcionado como fachadas, favoreciendo contratos gubernamentales bajo esquemas de conflicto de interés.
La empresa promovió un amparo para impugnar las acciones de la autoridad militar, dentro de un contexto que ha sido reportado como parte de revisiones a la regularidad en el uso y reporte de armamento por parte de compañías de seguridad privada en el país.
Documentos del expediente también refieren que el proceso ocurre en medio de una disputa patrimonial entre padre e hijo, con antecedentes de juicios mercantiles y un reconocimiento de adeudo cercano a 12 millones de pesos, señalado por la defensa como parte del trasfondo del conflicto.
