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La política migratoria de la Administración de Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más críticos tras una cadena de operativos violentos del ICE y la Patrulla Fronteriza que han dejado muertos, heridos, detenciones de menores y una creciente ola de protestas en varias ciudades del país.
El primer episodio ocurrió el 7 de enero, cuando Renée Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, murió tras recibir tres disparos a quemarropa por parte de un agente del ICE identificado como Jonathan Ross. El Gobierno defendió de inmediato la actuación, incluso antes de que concluyera la investigación, y el vicepresidente J. D. Vance llegó a afirmar que el agente gozaba de “inmunidad absoluta”, una declaración que fue duramente cuestionada por expertos legales.
A este caso le siguieron otros que intensificaron la indignación pública: un migrante venezolano herido de bala en una pierna, la detención de Liam Conejo, un niño de cinco años utilizado presuntamente como señuelo para capturar a su madre —liberado este sábado por orden de un juez federal—, y la muerte del enfermero Alex Pretti, abatido por la espalda con 10 disparos el pasado 24 de enero tras haber sido desarmado.
Las contradicciones oficiales sobre el caso Pretti, sumadas a la difusión de vídeos del altercado previo y al contexto de una tormenta invernal que mantuvo a medio país confinado, provocaron una reacción social inmediata. Las protestas se multiplicaron, especialmente en Minneapolis, obligando a la Casa Blanca a buscar un responsable político.
El señalado fue Greg Bovino, jefe del mayor operativo antiinmigración lanzado hasta ahora, quien fue sustituido por Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”. Homan llegó con un discurso de “desescalada” y de “restaurar la ley y el orden”, aunque el cambio duró poco.
Días después, Trump retomó su tono habitual y calificó a Pretti como un “agitador” y “posible insurrecto”, dejando claro que no daría marcha atrás. Las redadas continuaron, aumentaron los arrestos de manifestantes y periodistas, y dos menores más fueron deportados, avivando la tensión social.
El impacto político comienza a reflejarse en las encuestas. Un sondeo reciente del Pew Research Center muestra que la aprobación de Trump cayó al 37%, su nivel más bajo, y que solo 27% de los estadounidenses respalda la mayoría de sus políticas, una caída atribuida principalmente a la pérdida de apoyo entre votantes republicanos. Además, siete de cada diez ciudadanos rechazan que el ICE actúe basándose en la apariencia física o el idioma, y seis de cada diez consideran inaceptable que los agentes oculten su rostro.
“En la América de hoy, o crees lo que te dicen, o confías en lo que ves”, resumió Ken Brown, uno de los manifestantes en Minneapolis. “Si crees en tus ojos, solo queda salir a protestar”.
Pese a ello, Trump se mantiene confiado en la fidelidad de su base más dura. Este fin de semana recordó, sin matices, una frase que pronunció en 2016 y que vuelve a resonar con fuerza: “Podría disparar a alguien en la Quinta Avenida y no perdería ni un solo voto”.
