Proteger la salud de la infancia exige transitar de la reacción médica a la prevención estratégica. Las omisiones en el control epidemiológico temprano no solo comprometen el desarrollo integral de la niñez, sino que elevan los costos operativos de los sistemas sanitarios públicos. Ante este reto, la reconfiguración legal de los programas de inmunización y educación sanitaria se posiciona como la única vía sostenible para blindar a las próximas generaciones contra brotes prevenibles.
En el marco de la agenda legislativa local, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó una iniciativa de reforma a la fracción II del artículo 56 de la Ley Estatal de Salud. La propuesta está dirigida formalmente a robustecer las facultades y obligaciones de la Secretaría de Salud del Estado, obligándola a garantizar una infraestructura de protección activa para las niñas y los niños frente a riesgos epidemiológicos.
El núcleo técnico de la reforma establece que la dependencia estatal deberá asegurar la prevención y el control de enfermedades transmisibles mediante tres ejes obligatorios: programas de vacunación universal, campañas de educación sanitaria dirigidas a la infancia, y la implementación estricta de protocolos de alerta temprana con notificación inmediata ante casos que comprometan de manera significativa la salud pública infantil.
La resolución de la propuesta se fundamenta en la continuidad del cuidado posterior al nacimiento. Tal como lo indica textualmente la iniciativa del diputado Rafael Micalco: “La salud infantil no solo depende de la atención médica en el momento del parto, sino también de la prevención de enfermedades transmisibles, la vacunación oportuna y la vigilancia continua del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas”. La reforma pasa ahora a comisiones para su análisis y dictaminación.
