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Los Ángeles, California. El conflicto entre la Casa Blanca y el gobierno de California escaló rápidamente este fin de semana, tras el despliegue unilateral de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump, en respuesta a las protestas por redadas migratorias que sacuden la ciudad desde hace tres días.
Unos 300 efectivos llegaron la madrugada del domingo como parte de una fuerza que se ampliará a 2 mil soldados, según anunció la Casa Blanca. Trump aseguró que su intención es imponer una “muy severa legalidad y orden” en las calles angelinas.
Sin embargo, la medida fue calificada como un «abuso alarmante de poder» por el gobernador demócrata Gavin Newsom, quien denunció que la decisión fue tomada sin su autorización y en violación de la ley, que exige que cualquier despliegue militar en un estado cuente con la aprobación del gobierno local.
“Una provocación deliberada”
En una carta enviada al Departamento de Defensa, Newsom exigió que se revoque el despliegue y que se devuelva el control de la Guardia Nacional al estado de California. Su postura fue respaldada por la vicegobernadora Eleni Kounalakis, quien incluso sugirió que el estado podría presentar una demanda contra la administración Trump, alegando que la orden presidencial carece de autoridad legal.
“Se trata de apenas 400 manifestantes y ya estamos hablando de usar marines”, advirtió en CNN.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la decisión, asegurando que la Guardia Nacional “está entrenada para este tipo de situaciones multitudinarias”. A su vez, líderes republicanos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldaron a Trump y acusaron a Newsom de “incapacidad o falta de voluntad” para mantener el orden.
Un despliegue sin precedentes
La orden de Trump marca un hecho inédito desde 1965: es la primera vez que un presidente de EE. UU. despliega la Guardia Nacional sin la solicitud de un gobernador estatal, según señaló Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch.
Además, el zar de seguridad fronteriza, Tom Homan, encendió aún más las alarmas al sugerir posibles arrestos contra el gobernador Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, si continúan oponiéndose a las operaciones federales.
Mientras tanto, las calles de Los Ángeles continúan bajo alta tensión, en medio de un conflicto que mezcla migración, autoridad federal y derechos civiles —y que podría escalar aún más en los próximos días.
