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La ciudad de Washington, D.C., ha presentado una demanda formal contra el gobierno federal encabezado por Donald Trump, en protesta por el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional en sus calles. Desde el pasado 11 de agosto, efectivos de al menos siete estados distintos han sido movilizados para patrullar monumentos, estaciones de metro y otros espacios públicos de la capital estadounidense, bajo el argumento presidencial de una supuesta “emergencia” causada por el crimen.
Sin embargo, las cifras oficiales contradicen esa narrativa: no se ha registrado un aumento significativo en los delitos violentos que justifique una militarización de la ciudad. A pesar de ello, el despliegue continúa, y la ciudad lo considera una violación directa a su autonomía local.
El fiscal general de Washington, Brian Schwalb, fue contundente: “Ninguna ciudad estadounidense tendría que ver a soldados patrullando sus calles sin rendir cuentas a sus residentes. Hemos presentado esta demanda para poner fin a este exceso federal ilegal”. El escrito legal sostiene que la presencia de militares, muchos armados y sin identificar, viola la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe a las fuerzas armadas cumplir funciones de orden público.
Apenas dos días antes, un juez federal en San Francisco declaró ilegal un despliegue similar en Los Ángeles, al concluir que el uso de soldados en tareas policiales infringía la legislación vigente. Ese antecedente refuerza la postura legal de la capital.
Donald Trump, por su parte, se ha jactado en su red social Truth del supuesto éxito del operativo, asegurando que se han realizado más de 1,600 detenciones en tres semanas. La Casa Blanca calificó la demanda como “otro intento de los demócratas de sabotear el progreso en seguridad”, e insistió en que el operativo ha reducido la violencia.
Pero la realidad en las calles dice otra cosa. Encuestas recientes muestran que el 80% de los residentes de Washington se oponen al despliegue, y un 78% asegura sentirse menos seguro con los soldados patrullando. Comerciantes y figuras públicas como el chef José Andrés han denunciado la caída en la actividad económica en restaurantes y zonas turísticas desde que comenzó la operación.
Uno de los puntos clave del litigio es que, al no ser un estado, la Guardia Nacional del Distrito de Columbia responde directamente al presidente, no a un gobernador. Sin embargo, la ley local de 1973 otorga a la alcaldía facultades de autogobierno que, según la demanda, han sido ignoradas.
Este es el segundo intento legal de Washington para frenar la intervención federal. En la primera demanda, la ciudad cuestionó el control de Trump sobre la policía local. Ahora, el énfasis está en los límites constitucionales del poder presidencial y la defensa de la autonomía urbana frente a lo que muchos consideran una ocupación política.
Este caso podría sentar un precedente legal importante para otras ciudades que enfrenten decisiones similares en el futuro. Mientras tanto, la tensión entre la Casa Blanca y la capital estadounidense no muestra señales de disminuir.
